“Acepto todos los cargos en mi contra y pido mis sinceras disculpas”, señaló Rodrigo Exequiel Pirino (25 años) antes de ser condenado a seis meses de prisión condicional en un juicio abreviado por el accidente que protagonizó el jueves con la empresaria Catalina Rocchia Ferro (30). “Las disculpas son aceptadas y agradezco a todo el sistema judicial que permitió que se llegara a una condena de manera tan veloz”, agregó la víctima.

El joven cadete se declaró culpable de los delitos de daños y amenazas. Esta fue la cronología del hecho anunciado por el fiscal Carlos Picón y su auxiliar Diego Hevia:

- En el semáforo ubicado en la avenida Presidente Perón, cercana a una estación de servicio, Pirino embistió con su Chevrolet Corsa a la camioneta que conducía la hija del empresario Jorge Rocchia Ferro.

- Al llegar a la esquina de avenida Gobernador del Campo y Coronel Suárez, el acusado descendió del auto y comenzó a insultar y a amenazar de muerte a la empresaria.

- Espantada, Rocchia Ferro huyó hasta que llegó a Estanislao del Campo. Luego ingresó por el pasaje Oncativo, que no tiene salida. Por detrás, seguía Pirino.

- Después de haber cruzado su vehículo para que la víctima no huyera, Pirino se bajó del auto y comenzó a golpear con su puño la camioneta y luego rompió con una piedra la luneta.

La audiencia

En una audiencia realizada el viernes, el juez Dante Ibáñez dispuso que el acusado recupere la libertad cuando se le coloque una pulsera dual con la que se garantizaría que no se acercara a la víctima. Como no había instrumentos disponibles, recién lo hizo ayer después de que se leyera la condena en su contra y que todas las partes intervinientes acordaran no apelar el fallo para que la sentencia quedara firme.

Por los delitos de los que estaba acusado, el imputado podría haber sido condenado a dos años de prisión, que también hubieran sido de cumplimiento condicional. El magistrado interviniente le impuso reglas de conducta que deberá cumplir en los próximos meses. En caso de que no lo hiciera, cumplirá la sentencia que le dictaron tras las rejas.

Pirino deberá realizar un tratamiento psicológico para controlar su ira hasta que sea dado de alta por un profesional de la salud mental. Cada seis meses, tendrá que presentar ante la Justicia un informe sobre los resultados que consiguió con la terapia. También se le ordenó abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y drogas, y hacerse cargo de las costas procesales y de los honorarios del abogado querellante. Y además se le prohibió:

- Portar cualquier tipo de arma.

- Acercarse a 500 metros de los domicilios particulares y laborales de la empresaria y de sus familiares, ya sean ascendientes o descendientes.

“Este caso es sumamente importante para todo el sistema judicial. El nuevo código procesal nos impone este tipo de Justicia. En menos de una semana, gracias al acuerdo de todas las partes y de los jueces que avalan este tipo resolución de conflictos”, explicó Picón. “Como representante del Ministerio Público Fiscal le puedo asegurar que a todos los casos se le da el mismo trámite que tiene un solo objetivo: hacer justicia de manera rápida y efectiva. Las 400 condenas a las que arribaron las unidades Fiscales son prueba de ello”, añadió.

Rechazo a los escraches

El representante de la parte acusadora también dijo que lamentaba “que la señora Rocchia Ferro haya sido revictimizada. La escracharon malamente en las redes sociales. Ella fue víctima de dos delitos reconocidos por el mismo autor y pusieron en duda su honorabilidad por el tratamiento que tuvo su caso. Para el MPF todas las causas son exactamente iguales y buscamos darles respuesta de manera inmediata”, indicó.

Al escuchar esas palabras, habló el juez Ibáñez. “Lamento muchísimo señora que haya sido víctima de esos escraches, algo que no debería suceder en nuestra sociedad. En este tribunal no hay privilegios para nadie. Tiene la misma importancia una persona que es condenada a seis meses o a prisión perpetua”, agregó.

Por su parte, Bruno Lizárraga, defensor de Pirino, señaló: “con mi pupilo pedimos disculpas no sólo por el hecho, sino también por todo lo que generó. Conozco a varios miembros de esa familia y estamos muy apenados por las consecuencias. Por eso se aceptó toda la responsabilidad”.

Rocchia Ferro, que sólo había dicho algunas palabras, después de escuchar a todas las partes se animó a hablar. “Quiero agradecerles a todos por este apoyo. Lamentablemente se dio una situación que no la busqué. Celebro el rápido accionar de la Justicia en este y otros casos, que es lo más importante. Acepto las disculpas y Dios quiera que los escraches terminen pronto”, concluyó.

Pero faltaba algo más. “Le recomiendo señor Pirino que aprenda a controlar su ira. No parece ser una mala persona, por lo menos al lado de los personajes que he visto desfilar por aquí. Entrar y salir de una comisaría no es una buena vida para nadie, ni siquiera para los más curtidos en el mundo del delito”, fueron las palabras con las que el juez Ibáñez cerró el debate.

Sobre abreviado y penas condicionales

Para que se desarrolle un juicio abreviado, debe haber un acuerdo entre fiscal, defensor y querella.

En caso de incumplimiento, el condenado debe cumplir la pena detrás de los barrotes de un calabozo.

Además de declararse culpable, el juez debe controlar que haya las suficientes evidencias en su contra.

Ninguna persona puede acceder a más de una condena condicional durante un tiempo.

El magistrado debe controlar la legalidad del acuerdo. Puede rechazarlo, pero no incrementar la pena acordada.

La pena que reciba, por más que sea condicional, figurará en sus antecedentes personales.

Una persona que reciba este tipo de pena no puede acceder a un certificado de buena conducta.

En el pacto debe haber congruencia entre los hechos, las pruebas, la calificación legal y la pena.

Sin el certificado, es probable que no consiga trabajo y no acceda a un plan social o a una licencia de conducir.

La condicionalidad de una pena estará sometida a las reglas de conducta que fueron acordadas por las partes,

Otro caso: el caso del juez y del cadete

El 11 de junio se produjo un incidente por un accidente de tránsito. El juez de Familia Orlando Velio Stoyanof Isas agredió y provocó daños en la motocicleta en la que se trasladaba el cadete Franco Alejando Azán, que realizó la denuncia en la Policía. En esta oportunidad no se continuó con el proceso judicial, ya que el magistrado arribó a un acuerdo de reparación integral con la víctima. Aceptó pagarle $200.000 por los daños provocados al rodado y hacerse cargo de los honorarios que participaron en el caso. En la Legislatura se tramita un pedido de juicio político en su contra.